El derecho al debido proceso ha sido entendido doctrinariamente como el
trámite mediante el cual se logra oír a las partes, de conformidad con
lo consagrado en la Ley y que, ajustado a derecho, otorga a las partes
el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. Resulta
evidente entonces que el debido proceso trae consigo otra serie de
atributos inherentes al mismo, cual señala el ilustre autor Gómez
Colomer: “… el proceso debido … comprende, por ceñirnos a lo procesal,
el derecho de acción, la prohibición de indefensión, el derecho a la
prueba, el derecho a todas la garantías (ahora entendido como principio
residual), etc, … que son también manifestaciones del Estado de Derecho,
que son sustentadas, informadas e integradas en el principio general
del derecho al proceso debido” (Gómez Colomer, Juan Luis; en su prólogo a
la obra El Principio del Proceso Debido, J.M. Bosch Editor, S.A.,
Barcelona, España, 1995, p. 17). Ahora bien, en el ámbito de las
garantías constitucionales del proceso, una de las manifestaciones del
debido proceso es la tutela del derecho a la defensa, contemplada en el
artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en los términos siguientes: “El debido proceso
se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en
consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica es un derecho
inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
